El (pen)último paso para derribar la mole del Algarrobico después de dos décadas

La presión se redobla sobre el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para que revoque la licencia de obras del hotel promovido por Azata del Sol en la playa del Algarrobico. La mole que aparece cuando se gira la curva que llega al arenal almeriense lleva más de dos décadas en jaque y la Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para favorecer su derribo. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica se han personado en la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se ejecute la sentencia que admite la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel y se declare su nulidad. Es el paso previo e imprescindible para su posterior demolición y la rehabilitación de la playa.

"El objetivo es que la playa del Algarrobico vuelva a ser eso, una playa", ha dicho el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. El dirigente popular conoce bien la problemática, ya que es almeriense y fue alcalde la capital durante siete años antes de incorporarse al Gobierno andaluz, pero las actuaciones las dirige la titular de Fomento, Rocío Díaz. Esto es así porque tiene en su departamento las competencias en ordenación del territorio, que es donde está ahora el motivo de bloqueo. El último episodio judicial de esta larga serie es la petición al consistorio de Carboneras para que revoque la licencia y vuelva a declarar no urbanizable el suelo sobre el que se levantó la mole, en los años 90.

Ese es el argumento que llevó al Tribunal Supremo al rechazar un recurso de Greenpeace hace unos meses y que permite a la constructora Azata del Sol asegurar que su obra se inició de forma legal, con una licencia urbanística en vigor. Eso será así mientras que el Ayuntamiento de Carboneras no cumpla la sentencia del TSJA y devuelva los suelos a su estado protegido dentro del parque natural del Cabo de Gata. "Se trata de suelos rústicos especialmente protegidos", apunta el Gobierno andaluz, razón que ha llevado al Ejecutivo autonómico a personarse en la causa para acelerar que la planificación urbanística "refleje fielmente la calificación real del terreno".

Se trata de hacer cumplir la sentencia del TSJA que establece que los suelos del sector Algarrobico y el sector El Canillar recuperen su protección y, como consecuencia, figuren como suelo no urbanizable. La decisión del alto tribunal andaluz, dictada en 2016, supone la anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras que en 2006 aprobó el PGOU de la localidad almeriense. El organismo que preside Lorenzo del Río ha insistido en que la realidad de los suelos sobre los que se levanta el hotel, que nunca llegó a culminarse, es la del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1994.

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Hay que tener en cuenta que el Gobierno local de Carboneras, en manos del PSOE, aprobó en 2023 una modificación del PGOU de la localidad para intentar eludir el fallo del TSJA. El consistorio almeriense defendía que la especial protección de la parcela donde está el Algarrobico fue posterior, algo que rechaza el Alto Tribunal andaluz, que declaró parcialmente nula esta última remodelación urbanística. De fondo, en esta resistencia del alcalde de Carboneras está el temor a verse obligado a asumir unas responsabilidades patrimoniales que dejarían al Ayuntamiento en una práctica quiebra. Pero el TSJA ha instado recientemente al regidor a que convoque el pleno para revocar la licencia al hotel, en cumplimiento de su sentencia.

Al lío judicial en Carboneras hay que sumar el lío político en el que ha estado sumida la localidad almeriense en los últimos meses. A mediados de abril fue elegido regidor Salvador Hernández, de Ciudadanos, después de acordar una moción de censura con el PSOE de José Luis Amerigo, que fue alcalde en el anterior mandato. Después de las elecciones de mayo de 2023, salió elegido el popular Felipe Cayuela, que se alineó con las tesis del Gobierno andaluz, pero no logró deshacer el entuerto. La duda ahora es qué actitud tomará el nuevo equipo de gobierno, aunque el primer edil defendió un "gran acuerdo" entre las administraciones y la promotora del hotel.

Lo cierto es que hay ya un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta que se trabaja desde hace años y está comprometido para el momento en el que se desbloquee la situación. La restauración del arenal almeriense es uno de los objetivos que se planteó el Ejecutivo de Juanma Moreno a su llegada a San Telmo y un lustro después todavía no ha podido cumplirla. Pero cuando se dé el paso decisivo, será la Administración central, por medio del Ministerio de Transición Ecológica, quien se encargue del derribo del enorme edificio. Una vez que eso ocurra, la retirara de los residuos y la restauración ambiental del paraje quedará en manos de la Junta. A principios de año, la consejera de Hacienda, Carolina España, confirmó que los Presupuestos autonómicos de 2024 tienen reservada una partida para estos trabajos.